La reciente reforma aplicada al pasaporte uruguayo, orientada a garantizar mayor igualdad entre los ciudadanos nacidos en el país y aquellos nacidos en el extranjero, ha despertado preocupación en varios gobiernos extranjeros. Alemania, Francia y Japón han expresado objeciones formales al nuevo formato del documento, que elimina el campo «Lugar de nacimiento» y uniformiza la mención de nacionalidad bajo el código URY, correspondiente a Uruguay.
El ajuste, promovido en abril por el gobierno uruguayo, es parte de una estrategia para reconocer completamente los derechos de los ciudadanos legales, es decir, quienes han obtenido la ciudadanía uruguaya sin ser originarios del país. Con esta modificación, Uruguay pretende suprimir aspectos vistos como discriminatorios en sus documentos de viaje, particularmente aquellos que mencionaban la nacionalidad original en vez de la adquirida legalmente.
Una solución a una solicitud trascendental por equidad
Hasta hace poco, los pasaportes uruguayos mantenían una distinción explícita entre los ciudadanos nacidos en el país y los naturalizados. En el campo de «Nacionalidad», el documento podía reflejar la nacionalidad de nacimiento, lo que generaba confusión en controles migratorios y desencadenaba episodios de discriminación, incluso dentro del propio territorio nacional.
La reciente modificación del pasaporte integra la identificación nacional para todos los poseedores, eliminando posibles confusiones y estableciendo la nacionalidad uruguaya como única referencia. Asimismo, la sección «Lugar de nacimiento» ha sido suprimida, conforme a estándares globales que lo consideran un detalle no obligatorio. Estas acciones fueron aplaudidas por organizaciones humanitarias y activistas, quienes enfatizan el efecto beneficioso sobre el derecho a la identidad y la prevención de la apatridia.
Reacciones de la comunidad internacional
A pesar de la naturaleza inclusiva de la modificación, la exclusión del lugar de nacimiento en el pasaporte ha creado tensiones con al menos tres naciones. Alemania fue la primera en lanzar una alerta formal, especificando que los pasaportes uruguayos emitidos desde el 23 de abril carecen de validez para entrar en su país, aún en el caso de estancias breves. Las entidades alemanas además indicaron que no aceptarán trámites de visado hechos con este pasaporte.
Francia tomó una decisión parecida al interrumpir provisionalmente la concesión de visas para estadías largas mientras revisa la validez del formato nuevo. Japón, por su lado, alertó que los ciudadanos uruguayos que usen este pasaporte enfrentan una alta probabilidad de ser rechazados en el control de migración.
Dichos gobiernos han manifestado que la falta del dato del lugar de nacimiento afecta sus sistemas de identificación y complica la validación de la información del viajero, especialmente en procesos migratorios y consulares.
Posición del gobierno uruguayo
Ante las críticas, el gobierno uruguayo ha defendido la legalidad y legitimidad de su nuevo pasaporte. El canciller Mario Lubetkin aclaró que los inconvenientes reportados son aislados y que no existe, al momento, un rechazo sistemático del documento por parte de ningún país. Según explicó, los casos en cuestión se limitan a solicitudes de visa de estudio, y no afectan el uso turístico general, que representa la mayoría de los viajes internacionales de ciudadanos uruguayos.
El presidente Yamandú Orsi señaló que su administración está dispuesta a dialogar con las representaciones diplomáticas de los países involucrados para encontrar una solución, y no descartó la posibilidad de reimprimir los pasaportes emitidos desde la entrada en vigor del nuevo diseño. No obstante, reafirmó el compromiso del gobierno con la igualdad de derechos para todos los ciudadanos.
Debate interno y posibles ajustes
La decisión de eliminar el lugar de nacimiento también ha generado debate dentro del país. El excanciller Omar Paganini cuestionó la implementación del cambio, indicando que el problema no radica en la modificación de la etiqueta “Nacionalidad”, sino en la supresión de un dato que históricamente ha facilitado la identificación en el extranjero.
Sin embargo, integrantes de la sociedad civil que promovieron esta reforma han reiterado la importancia de contar con una legislación aclaratoria que afirme de forma explícita que cada ciudadano uruguayo, independientemente de su origen, debe ser reconocido igualmente como nacional. Argumentan que la igualdad legal debe estar presente no solo en las leyes, sino también en los documentos oficiales de identidad.
Una reforma con impacto internacional
La modificación del pasaporte uruguayo refleja un esfuerzo legítimo por promover la inclusión y erradicar distinciones injustas entre ciudadanos. Sin embargo, el impacto de esta medida trasciende las fronteras nacionales y plantea desafíos en el plano de las relaciones diplomáticas y la armonización de criterios documentales entre países.
El caso pone de manifiesto la tensión entre soberanía documental y requisitos operativos de otros Estados. A medida que las autoridades uruguayas trabajan en una salida diplomática al conflicto, el debate en torno a identidad, ciudadanía y reconocimiento internacional se consolida como una cuestión de creciente relevancia global.
