El Ejecutivo catalán ha dado un paso decisivo en su estrategia para desarrollar una Hacienda propia, al anunciar la creación de un comisionado específico y un consejo asesor encargado de trazar las líneas de actuación para el despliegue de este organismo. La iniciativa busca fortalecer las capacidades fiscales de la administración autonómica y avanzar hacia un modelo de mayor autonomía en la gestión de los recursos públicos.
La resolución se produce en un instante político crucial, con la meta de fortalecer una estructura fiscal que permita a la Generalitat aumentar su capacidad de recaudación, mejorar el manejo de los impuestos transferidos por el Estado y optimizar los sistemas de financiación interna. El cargo del comisionado tendrá un rango similar al de un secretario general y reportará directamente al presidente del Govern, lo que enfatiza la naturaleza estratégica de este plan en la actualidad del gobierno.
El consejo asesor, por su parte, estará compuesto por expertos en derecho tributario, finanzas públicas, economía y administración, tanto del ámbito académico como institucional. Su función será la de elaborar propuestas técnicas para la implantación progresiva de la Hacienda catalana, así como evaluar los modelos existentes en otras comunidades autónomas y regiones europeas con competencias fiscales avanzadas.
Desde el Gobierno se ha reiterado que la meta no es desarrollar una agencia que actúe de manera paralela o excluyente, sino establecer un sistema que complemente las competencias actuales de la administración catalana en asuntos fiscales. El proyecto se sitúa dentro de los límites establecidos por el Estatut d’Autonomia y el sistema de financiación autonómico vigente, aunque también busca ampliar esos límites a través de reformas legales o acuerdos con el Estado.
La puesta en marcha de este plan contempla distintas fases. En un primer momento, se trabajará en la mejora de los sistemas de información tributaria, la digitalización de procesos y la interoperabilidad con otras administraciones. Posteriormente, se avanzará en la ampliación de la base de gestión de tributos propios y cedidos, con especial énfasis en los impuestos medioambientales, sobre patrimonio y sucesiones, así como en el control de determinadas tasas.
Uno de los objetivos centrales será reducir la dependencia financiera de transferencias estatales y tener mayor capacidad de planificación presupuestaria. Esto permitiría, según el planteamiento del Govern, diseñar políticas públicas más ajustadas a las realidades socioeconómicas de Cataluña, especialmente en áreas sensibles como la sanidad, la educación y la transición energética.
El comunicado ha suscitado opiniones variadas en el entorno político. Algunos grupos que favorecen una mayor autonomía fiscal han recibido favorablemente esta iniciativa, mientras que otros han mostrado prudencia, señalando que podría ocasionar redundancias administrativas o conflictos con la Agencia Tributaria del estado. Desde el gobierno, se ha respaldado el proyecto como una reacción técnica y válida a las solicitudes históricas por una distribución financiera más equitativa.
La Generalitat dispone desde hace varios años de la Agència Tributària de Catalunya, que administra ciertos impuestos propios y transferidos. No obstante, el reciente empuje busca proporcionar a la administración nuevas herramientas para asumir funciones más extensas, abarcando desde la inspección y recaudación hasta la creación de nuevas figuras impositivas dentro de la legislación actual.
Los próximos meses serán clave para definir el alcance y la hoja de ruta del despliegue de la Hacienda catalana. Se prevé que el comisionado presente un informe preliminar antes de finalizar el año, con una propuesta de implementación que incluya aspectos organizativos, jurídicos y presupuestarios. Paralelamente, el consejo asesor iniciará una ronda de consultas con distintos sectores sociales y económicos para recoger aportes y sugerencias.
Con esta iniciativa, el Govern busca consolidar una estructura fiscal propia que no solo refuerce la autonomía financiera de Cataluña, sino que también contribuya a mejorar la eficiencia y equidad del sistema tributario en el ámbito regional.
