El Ejecutivo ha nombrado a Zulima Pérez Seguí como la nueva encargada para la gestión de los impactos de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), en reemplazo de Ángel Batalla, quien renunció recientemente. La medida pretende mejorar la coordinación de las acciones institucionales frente a desastres climáticos, especialmente en las áreas del levante español que son más susceptibles a estos eventos extremos.
Pérez, licenciada en Ciencias Políticas y con amplia trayectoria en la administración pública, cuenta con experiencia previa en tareas vinculadas a la planificación territorial y gestión de riesgos naturales. Ha desempeñado cargos en el gobierno autonómico, tanto en áreas de participación ciudadana como en planificación y evaluación de políticas públicas. Su nombramiento es interpretado como un intento del Ejecutivo por dotar al cargo de una dirección técnica con conocimiento específico de las dinámicas territoriales y la prevención de desastres.
La dimisión de Batalla ocurrió en un escenario de críticas hacia su administración, destacándose las quejas sobre la demora en implementar las acciones prometidas para la rehabilitación en las zonas afectadas por las fuertes lluvias de años pasados. Algunos gobiernos regionales y locales habían señalado una carencia de comunicación y una baja ejecución del presupuesto, lo cual debilitó la posición del recién dimitido comisionado.
Zulima Pérez será la encargada de revitalizar la confianza en la figura del comisionado, además de agilizar los trámites administrativos y financieros enfocados en proyectos de infraestructura, gestión de riesgos y mejora social y económica. Asimismo, se anticipa que fortalecerá la comunicación con autoridades locales, comunidades autónomas y actores sociales implicados en la gestión de emergencias por eventos meteorológicos.
El reciente nombramiento ocurre en un momento crucial, cuando la preparación ante fenómenos extremos es una prioridad en la agenda política. Los efectos del cambio climático han aumentado la frecuencia y gravedad de las lluvias intensas en el sureste de la península, lo cual ha provocado exigencias ciudadanas por una mejor planificación preventiva y una gestión eficaz de los recursos públicos.
Desde el gobierno han expresado confianza en que la recién nombrada comisionada brindará una perspectiva innovadora y técnica al puesto, considerado estratégico debido a su enfoque multidimensional. Según fuentes oficiales, su experiencia permite enlazar los aspectos territoriales, sociales y ambientales de manera integral, lo cual es esencial para garantizar respuestas continuadas y coordinadas ante posibles emergencias futuras.
El reto inmediato para Pérez consistirá en crear una evaluación actualizada sobre la situación de las intervenciones pendientes en áreas previamente impactadas, como Murcia, Comunidad Valenciana y una parte de Andalucía. Además, se espera que sugiera novedosos instrumentos de monitoreo, evaluación y participación de la ciudadanía, con el fin de aportar mayor transparencia y control del público al proceso de recuperación.
Además, el Gobierno ha indicado que las labores de la comisionada estarán en sintonía con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, junto con las tácticas de protección civil y la regulación del territorio. Esto supone un enfoque a largo plazo que combine tanto la reacción ante emergencias como la resiliencia estructural ante futuros eventos climáticos.
El nombramiento de Pérez ha sido acogido favorablemente en algunos círculos técnicos y académicos, donde se resalta su entendimiento sobre gestión pública y planificación inclusiva. No obstante, también existen expectativas de que, a diferencia de su predecesor, logre producir resultados palpables y evidentes rápidamente, dadas las muchas intervenciones todavía necesarias en el levante español.
En paralelo, algunas voces opositoras han advertido que el cambio de nombres no debe servir como excusa para dilatar compromisos ya adquiridos. Han exigido que se establezcan plazos concretos y mecanismos de rendición de cuentas para asegurar que los recursos públicos se ejecuten de forma eficiente y con impacto real sobre el terreno.
Con este cambio, el Gobierno pretende revitalizar una figura que había experimentado deterioro, restaurándole su importancia como elemento esencial en la reacción institucional ante los crecientes retos climáticos que afronta el país.
