Reacción de López Obrador a críticas sobre reforma judicial

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció el viernes que envió una nota diplomática a Estados Unidos por los comentarios del embajador Ken Salazar sobre una controvertida propuesta para reformar el sistema de justicia de México.

Salazar señaló el jueves que la elección directa de jueces, un elemento central de la reforma que ha generado preocupación entre los inversores, supone un «gran riesgo» para la democracia mexicana. Además, destacó que todos los cambios deben incluir «garantías» que aseguren la independencia judicial.

En conferencia de prensa, López Obrador, refiriéndose a las declaraciones del embajador, explicó que se había irrespetado la soberanía mexicana. «No aceptamos la injerencia de representantes de gobiernos extranjeros en asuntos que afectan sólo a los mexicanos», afirmó el presidente, cuyo mandato expira el próximo 1 de octubre.

El embajador canadiense Graeme C. Clark criticó la reforma en otro evento, citando el deseo de los inversores de estabilidad y un sistema judicial que funcione.

López Obrador indicó que también enviaría una nota diplomática a Canadá, aunque no brindó mayores detalles. El objetivo de la reforma es elegir a más de 7.000 jueces y magistrados por voto popular.

Ante la disputa, miles de trabajadores de la industria se declararon en huelga esta semana mientras el Congreso dominado por la mayoría del gobierno se prepara para votar los cambios en septiembre.

Según el presidente, es fundamental transformar el sistema judicial, ya que «no sirve al pueblo» y «sirve a los intereses del crimen organizado». Las propuestas de reforma incluyen reducir el Tribunal Supremo de 11 a 9 miembros, crear un órgano administrativo autónomo y un tribunal disciplinario, y rediseñar el sistema judicial y el sistema de justicia civil para aliviar la carga de los tribunales. sistema penal.

El sindicato de jueces protestó por la propuesta, argumentando que violaría sus derechos al eliminar las carreras profesionales hacia puestos judiciales, lo que permitiría a grupos poderosos, incluso ilegales, controlar el sistema de justicia.